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En su declaración Cuello Calderón rechazó los ataques personales. Foto: Archivo.
 

Corte Suprema responsabiliza al Estado por su seguridad de sus familias

Actualizado: Marzo 4 de 2010

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la intención de una grupo paramilitar de fraguar un plan para asesinarlos y calificaron de falsas las supuestas preocupaciones expresadas por diversos sectores.

La presidenta encargada de la Corte Suprema, Elsy del Pilar Cuello Calderón dijo que encontrar un grupo de personas merodeando cerca a las casas de los magistrados con intención de atentar contra ellos. "No se trata de un episodio cualquiera", dijo.

La magistrada les pidió a las autoridades adelantar las labores de rigor o, de lo contrario “se hará necesaria la intervención de organismos internacionales”. Y puso en manos del estado su seguridad.

En su declaración Cuello Calderón rechazó los ataques personales, que denominó como "linchamiento moral", en alusión a los planes criminales que habría en contra de tres magistrados del Alto Tribunal.

En la mañana se conocieron interceptaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia intentarían ser asesinados por parte de un grupo de comandos pertenecientes a paramilitares del departamento de Córdoba. Según Caracol Radio, la Fiscalía interceptó conversaciones que indican que hay un grupo de sicarios que están interceptando comunicaciones de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que habitan en cercanías a la calle 134 con carrera novena, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el medio radial, los sicarios cordobeses tendrían armamento especializado y tendrían relación con alias ‘Care Cuchillo’ y ‘Tribilín’, los dos paramilitares que se fugaron la semana pasada de la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en el sur de la capital de la República.

El grupo de magistrados determinó aplazar la sesión de la sala plena en la que se podría escoger al nuevo fiscal general de la Nación, con el fin de tomar las medidas del caso ante los graves indicios de que algunos de sus miembros puedan ser objeto de un intento de asesinato.

De acuerdo con el medio radial, en una de las conversaciones podía escucharse como uno de los paramilitares manifestaba que “estos hijueputas (sic) nos quieren joder, jodámoslos a ellos primero”.

Por su parte, la Dirección de Protección de la Policía Nacional a cargo del coronel Salamanca, dio comienzo a una investigación para replantear los esquemas de seguridad de los magistrados mientras que eran enviados nuevas unidades para reforzar la seguridad en inmediaciones del Palacio de Justicia.

Entre tanto se informaba de la captura de dos personas en las inmediaciones de las viviendas de tres de los magistrados que integran la sala Penal, a uno de los cuales le fue incautada una pistola de alta tecnología y provista de silenciador.

De acuerdo con las primeras versiones, las dos personas harían parte de una organización más grande que las autoridades intentan desmantelar con el fin de evitar que la vida de los magistrados pueda correr cualquier riesgo.

El propio presidente Álvaro Uribe se comunicó con el director de la policía, general Óscar Naranjo, y con los ministros del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, y de Defensa, Gabriel Silva, y les pidió reforzar la seguridad de los magistrados.

A su turno Valencia Cossio emitió un comunicado en el que expresó que el Gobierno "condena de la manera más enérgica todo tipo de amenaza o atentado contra los miembros de la Rama Judicial, y especialmente contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia".

De igual manera, el titular de la cartera de Interior y Justicia recordó que el Ejecutivo asignó recursos en diciembre pasado por unos tres millones de dólares "al Consejo Superior de la Judicatura, con destinación específica para la protección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia".

Valencia también reveló que "está en permanente contacto con la policía y el Consejo Superior de la Judicatura con el propósito de tomar las medidas necesarias para continuar fortaleciendo los esquemas de seguridad de los señores magistrados y sus familiares".

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