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Durante el mes de mayo, centenares de avisos publicitarios políticos se tomaron las calles bogotanas. Cerca de 1.200 candidatos del Partido Liberal y de la U, disputaron un espacio en la consulta que definió la lista de aspirantes de estas colectividades, a los cargos de ediles en las 20 localidades de Bogotá. El interés por participar en este proceso, reflejado en el número de postulantes, contrasta con el poco poder, las limitadas funciones y la capacidad casi nula de administración que ejercen los ediles en la ciudad. ¿Qué es lo atractivo de ser edil?
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Rubén Antonio Forero ejerció como edil de la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar, JAL, en Bogotá, hasta el 30 de mayo de 2011. Forero fue destituido por el Consejo de Estado porque un colegio de propiedad de su hermano fue contratado para prestar servicios en su localidad. El edil nunca se declaró impedido, pero dentro de sus funciones está la de ejercer una veeduría sobre el cumplimiento de dichos contratos.
Aunque la sentencia del Consejo no señala al edil de favorecer la empresa de su hermano, este caso ilustra la recurrente relación entre cabildantes y contratistas. Si bien los ediles no pueden contratar directamente, sí tienen un espacio de negociación con los alcaldes locales y otros funcionarios que pueden usar en beneficio propio, según cuenta Alexandra Rodríguez, directora del programa Bogotá Cómo Vamos. “Dentro de sus limitadas funciones, pueden elegir alcaldes locales y aprobar los planes de inversión y desarrollo, lo que les entrega una herramienta de presión sobre las decisiones del mandatario”, explica Rodríguez.
Un edil de una localidad del centro de Bogotá, le dijo a Votebien, que las negociaciones entre ediles y alcaldes son frecuentes, y que en algunos casos, incluso se hacen acuerdos en los que se divide parte del presupuesto entre los miembros de la JAL en un llamado “plan de acción”. El alcalde deja que los ediles intervengan en la contratación y a cambio, aprueban su propuesta de plan de desarrollo para la localidad.
Los presupuestos de contratación que manejan las localidades crecieron desde el año pasado. Desde el gobierno de Enrique Peñalosa, la contratación se centralizaba en una entidad del Distrito, pero esa situación cambió con el ánimo de descentralizar y agilizar los procesos locales. Así, el dinero que hoy se reparte entre todas las localidades supera los 600 mil millones de pesos, una cifra similar al costo del túnel de la Línea. La directora de Bogotá Cómo Vamos explica que este puede ser un motivo para querer ingresar a las JAL, si se tienen “ideales perversos”.
Un contratista en construcción y mantenimiento de edificios de una localidad del oriente de la capital le contó a este portal su relación con un candidato a una JAL: “El candidato nos tiene moviendo votos. Nos dijo que si gana, tiene 500 millones de pesos para contratar y nos tiene en cuenta en esos negocios. A cambio sólo pide el 5 por ciento. En promedio no es mucho si lo comparamos con otros que piden que uno infle las facturas hasta en un 40 por ciento”, explicó el empresario.
En octubre de 2010, un grupo conformado por el ex senador Gustavo Petro, el sentador Luis Carlos Avellaneda, el ex concejal Carlos Vicente de Roux y un grupo de ediles, denunció la existencia de un carrusel de contratación en las localidades, en el que resultaba involucrado el concejal del partido de La U, Andrés Camacho Casado. Los entonces miembros del Polo Democrático pusieron en evidencia la existencia de varias fundaciones relacionadas con el cabildante que eran contratadas repetidamente en varias localidades.
Según María Fernanda Rojas, edil de Teusaquillo quien hizo parte del equipo de investigación de Petro, aunque es muy difícil comprobar la relación entre las acusaciones a Camacho y los ediles que lo respaldan políticamente, sí cabe preguntar cuál es su responsabilidad, por lo menos, en la función de control político sobre los contratos que firman los alcaldes locales.
Los ediles se han convertido en la base de varias estructuras clientelistas que puede incluir a concejales e incluso a congresistas, según el ex alcalde y ex edil Paul Bromberg. “Hay muchos candidatos al cabildo distrital que patrocinan ediles para asegurar votos y tener el mayor poder posible a la hora de escoger los alcaldes locales”, explica Bromberg.
Las causas de la relación clientelista entre ediles y otras estructuras de poder fueron expuestas por el politólogo de la Universidad de los Andes Miguel García Sánchez, en su libro ¿Ciudadanía avergonzada?
Según Sánchez, el hecho de que los cabildantes locales no tengan la posibilidad de proponer acuerdos que favorezcan a su comunidad y se limiten a aprobar o no el plan de presupuesto, los deja en una posición difícil ante sus electores. Así, mientras en campaña se comprometen con los ciudadanos, una vez ejercen se dan cuenta de que no pueden cumplir sus promesas y terminan gestionando pavimentaciones o puestos con concejales u otros funcionarios para poder mantener su electorado.
Una tercera razón que justifica el interés por llegar a las JAL, es la de tener la posibilidad de comenzar una carrera política en una aventura electoral sin mucho riesgo económico, según asegura el ex alcalde Bromberg. “Hay muchos líderes comunales que hacen lo que hacen los ediles gratis. En cambio los ediles reciben un sueldo de 3 millones y medio aproximadamente y este siempre ha sido un espacio para comenzar carrera política. Muchos han terminado en el Congreso”, explica el ex alcalde.
Aunque las posibilidades de conseguir una curul en una JAL cada vez son más difíciles, por la cantidad de candidatos y por el dinero que se invierte en campaña, es mucho más fácil que intentar llegar al Concejo. Existen 164 cupos para ediles en las 20 localidades y en 2007, en zonas como La Candelaria, algunos cabildantes fueron elegidos con menos de 500 votos. Mientras tanto, el electorado asiste a una campaña desdibujada en el plano nacional, pero que en los barrios, más que en ninguna otra corporación, se juega los votos uno a uno.